Marcha, contramarcha y papelón de Nación por el protocolo ILE

Este jueves, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, publicó en el Boletín Oficial una actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La resolución, sin embargo, será anulada este jueves a través de una nueva medida que, según adelantaron los medios nacionales, quedará en manos de…

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Este jueves, la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, a cargo de Adolfo Rubinstein, publicó en el Boletín Oficial una actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La resolución, sin embargo, será anulada este jueves a través de una nueva medida que, según adelantaron los medios nacionales, quedará en manos de Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social.  

“La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a #ILE. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad”, anunció Rubinstein este miércoles a través de Twitter. La resolución, en horas de la tarde, fue rechazada por el Gobierno nacional, que dará marcha atrás este jueves. 

El texto de la actualización del protocolo ILE de 2015 remarca que el aborto no es punible en Argentina en los casos contemplados por el Código Penal (artículo 86), y que lo permite cuando existen motivos de salud (en su definición integral, como estipula la OMS) o en caso de que el embarazo sea producto de una violación. 

A través de la resolución, la cartera a cargo de Rubinstein planteaba que para que una mujer pudiera acceder a una ILE sólo debía solicitarla, dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada que indicara que el caso está contemplado por las causales que estipula la ley. Asimismo, la normativa establecía un plazo máximo de diez días entre el pedido de la persona gestante y la intervención y establecía que ninguna institución podía interponer la “objeción de conciencia institucional” y que “la objeción de conciencia es siempre individual”. También aclaraba que la mujer que accediera a la ILE no podía ser perseguida judicialmente ni su derecho obstaculizado de manera alguna. 

En diálogo con Infobae, Rubinstein destacó antes de que el Gobierno diera marcha atrás que “es la primera vez que el protocolo tiene jerarquía normativa como resolución ministerial, lo que de algún modo consolida los derechos de las mujeres cuando las excepciones de la ley argentina permiten la interrupción del embarazo”. En ese sentido, remarcó que “es una resolución ministerial; ya no es sólo un protocolo que está disponible en la web del ministerio”. “Los procedimientos están previstos, hay más claridad en la aplicación y está menos sujeto a interpretaciones lo que hay que hacer”, agregó en diálogo con el medio porteño.

La actualización del protocolo para la ILE generó un quiebre en Cambiemos. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, cargó contra Rubinstein en Twitter. “El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”, disparó. “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, señaló en otro mensaje publicado en la red social. Finalmente, cuando se supo de la marcha atrás, celebró la decisión. “Gracias presidente. Mauricio Macri ordenó anular el nuevo protocolo para la ILE”, anunció. Tras la publicación en el Boletín Oficial y las divisiones en el Gobierno nacional, Marcos Peña le solicitó su renuncia a Rubinstein según indicó La Nación. 

Página 12, por otra parte, informó que en la Presidencia indicaron que desconocían el contenido publicado de la resolución y le encomendaron el tema a la ministra Stanley, quien va a anular el nuevo protocolo. Cerca de Stanley dijeron que era “un error técnico”.

Por otra parte, en las redes, el funcionario de Salud también recibió apoyo y se convirtió en uno de los principales temas de debate en las redes sociales. “Mi solidaridad, apoyo y afecto a Rubinstein, un funcionario ejemplar, un lujo de la salud pública. Como tantos radicales a lo largo y ancho del país, nos sentimos orgullosos de su gestión”, fue el mensaje que compartió Ernesto Sánz.

Asimismo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito repudiaron la marcha atrás del Gobierno. “El mismo día que el unificado Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación publicaba el nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción Legal del Embarazo, el presidente Macri ordenaba derogar la resolución ministerial”, lamentaron. “La actualización del protocolo hubiera sido una mayor claridad legal en la prácticas ILE, una protección hacia las mujeres y, especialmente, la adaptación del Protocolo al Código Civil y Comercial en resguardo de niñas y adolescentes menores de 15 años”, agregaron en un comunicado desde el colectivo feminista.

Qué dice la resolución de actualización del protocolo ILE

El anexo de actualización del protocolo consta de 77 páginas. Entre otros puntos, plantea que todas las personas con capacidad de gestar tienen derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo cuando este se encuadre en alguna de las causales que la ley establece para solicitar la práctica: que represente un peligro para la vida o la salud, o que sea producto de una violación.

Asimismo, plantea como esencial la necesidad de “identificar precozmente a las personas que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILE, realizar una consejería adecuada y, en los casos en los que la decisión sea interrumpir la gestación, acompañar la decisión y no demorar la práctica”.

También contempla que “entre los 13 y los 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida” y que “las y los niñas/os y adolescentes deberán siempre ser escuchadas/os y prestar su consentimiento, necesiten o no acompañamiento (asistencia), ya que la regla general según el Código Civil es su plena capacidad para consentir”.

La normativa establece, en relación con la objeción de conciencia, que la misma no puede ser motivo de obstrucción a la práctica contemplada en la normativa legal y de la que el Estado es responsable de garantizar.

Asimismo, advierte que las demoras innecesarias, el brindar información falsa o negarse a llevar a cabo el tratamiento constituyen actos que pueden ser sancionados administrativa, civil y/o penalmente.

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